Nicaragua no cuenta con una ley integral sobre el agua. Duerme en la Asamblea Nacional un anteproyecto desde hace varios años. Ello permite que numerosas instituciones y comisiones ad-hoc compartan la responsabilidad de supervisar los recursos y el suministro de agua, generándose contradicciones y vacíos.

La falta de una autoridad unificadora, como podría ser la propuesta en el proyecto referido, Autoridad Nacional del Agua (ANA) para administrar el agua, conlleva que actualmente existan cinco o más instituciones que tienen actuares en relación al agua.

Algunas instituciones estatales tienen a su cargo asuntos específicos relacionados con el agua. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) controla la calidad del agua, y es el encargado de la protección del agua subterránea. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) es el que permite la explotación de los recursos de agua, y emite los permisos para el uso del agua. El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) es el ente regulador de los servicios públicos relacionados con el agua. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), es la entidad del Estado para el suministro de agua potable y aguas servidas.

La división de Recursos de Agua del INETER recoge, procesa y publica información hidrológica y asume la responsabilidad por el control de inundaciones. El Fondo de Inversión Social de Nicaragua (FISE) es una entidad gubernamental que construye proyectos de agua en zonas rurales. Igual función, pero sin fondos, se le asigna a la Dirección de Acueductos Rurales (DAR) de ENACAL. Existe además una comisión del agua —CONAPAS— que formalmente tiene algunas competencias, pero es inoperante.

Es necesaria, entonces, la discusión y aprobación de una ley general sobre el agua, que deslinde y distribuya las responsabilidades de las distintas instituciones gubernamentales sobre este recurso.

Por otra parte, la solución del problema de asegurar el abastecimiento del agua con calidad así como de sistemas sanitarios a la población, particularmente en el sector rural, pasa por el reconocimiento de los principales problemas, a los que se han hecho ya referencia.

La armonización de las actividades de las diversas instituciones, debe llevar a obtener resultados efectivos sobre problemas tales como la deforestación, cuyo nivel está afectando de manera adversa los recursos de agua superficiales y subterráneos de Nicaragua, que en los años 80 ya había alcanzado un deshonroso segundo grado más alto de deforestación (1.5%) en el mundo. Se calcula en aproximadamente 150,000 hectáreas de bosque las que se pierden por año.

La tala de árboles y de vegetación permite un escurrimiento más rápido de la lluvia por la superficie del terreno, lo que provoca un aumento en la cantidad de agua que entra en los cuerpos de agua superficialmente y que sus descargas máximas sean más grandes. Complementariamente, provoca que sea menor la cantidad de agua que se infiltra en el suelo para recargar los acuíferos subterráneos. Asimismo, la deforestación se asocia con los cambios en los patrones de las lluvias.

Asimismo se requiere un control efectivo sobre el uso del suelo. Sirva de ejemplo la ya referida deforestación, que combinada con la actividad agrícola extensa en granjas, causa la erosión del suelo. Esta erosión aumenta el volumen de sedimento que es cargado por los ríos y degrada la calidad del agua de las tierras superiores y de las áreas río abajo. Todos los ríos presentan altas cargas de sedimentos debido a la erosión en las partes altas de las cuencas. Los suelos de las pendientes erosionadas tapan los ríos, los canales de drenaje, pozas y sistemas de agua. Esto da como resultado adicional, un alza en los costos de mantenimiento y operación de los sistema de agua potable.

Décadas de propiciar abusos a la tierra y de negligencia en cuidar el medio ambiente, con la deforestación jugando un importante papel, exacerbaron la devastación que ocasionó el Huracán Mitch en 1998. Debido a la escasez de árboles y la poca vegetación el escurrimiento ocasionado por la lluvia durante el huracán (40 pulgadas en 3 días) no pudo ser detenido, ocasionando que grandes cantidades de agua se precipitaran desde las montañas y los campos hacia los ríos. Los resultados fueron inundaciones y deslaves de grandes proporciones.

Urge establecer responsabilidades en las actividades económicas que inciden en la contaminación del agua, alterando su calidad. Los ríos generalmente están contaminados biológicamente con escurrimientos provenientes de la agricultura y de los pobladores cercanos. La minería y actividades similares, son fuentes de contaminación química y metálica, especialmente de mercurio y cianuro.

El escurrimiento, asociado con el uso de agroquímicos incluyendo pesticidas y fertilizantes en áreas de cultivos para café, banano, vegetales y otros, constituyen un problema en aumento. El crecimiento de la industria está agregando una carga adicional a la contaminación por químicos.

Asimismo debe armonizarse el cuido y preservación de las aguas subterráneas, afectadas por factores naturales y humanos. Los factores naturales incluyen la dureza, fosfatos, sodio, bacterias, cloruros, sólidos disueltos, materiales orgánicos y contenido de oxigeno disuelto. Entre los contaminantes humanos podemos mencionar nitratos, fosfatos, sodio, potasio, cloruros, bacterias, amonio, nitrógeno, aceite y grasa, metales, sólidos disueltos (heces y orina), cloruro, pesticidas y fertilizantes.

Estos contaminantes provienen del escurrimiento agrícola, producción ganadera, efluentes industriales, escurrimiento urbano, intrusión de agua de mar, erosión, construcción de carreteras, minería, quemas agrícolas y aguas negras domésticas.

Es necesario armonizar las acciones en torno a la educación ambiental de la población, las acciones institucionales de salubridad asociadas a la dotación de sistemas de saneamiento en las áreas rurales y las acciones municipales en torno al tratamiento de los desechos. Los desechos sólidos y las aguas “negras” o servidas son causas de contaminación de los recursos hídricos. Se estima que del 30% al 50% de las áreas urbanas poseen sistemas de tratamiento de aguas negras que están funcionando con limitaciones, pero ninguna de las áreas rurales posee estos servicios. En las áreas rurales, los métodos sanitarios se limitan al uso de letrinas, diques de aguas negras o drenajes.

Debe considerarse que aproximadamente el 60% de los fondos para los sistemas de agua rurales proviene de donantes como lo es UNICEF y también de parte de otros países; el 40% restante proviene del Gobierno de Nicaragua. Pero estos recursos monetarios, así como el número de las obras frente a las necesidades de la población rural son insuficientes.

De acuerdo con el censo de 1995, el 46% de la población de Nicaragua es rural, y salvo los acueductos rurales ya mencionados, en esas áreas no existen otras formas de proporcionar agua potable y mucho menos recolectar las aguas servidas. Una situación similar sucede en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS).

La baja densidad poblacional de aproximadamente 8 personas por kilómetro cuadrado constituye hace complejo el suministro de agua potable a la población rural, haciéndolo muy caro.

Por ello, es urgente cohesionar esfuerzos, tanto estatales como de los organismos externos, de las municipalidades y de las comunidades —y en última instancia de cada individuo— en torno al recurso agua, que conduzcan a aplicar eficiente y eficazmente los recursos disponibles, según una planificación de largo plazo del desarrollo del sector. Estos son retos inmediatos que debemos enfrentar.